La bancada de Morena en el Senado de la República alista la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana para instaurar un nuevo esquema de cobro de impuestos, basado en el principio de buena fe.

La nueva ley propone fundar las bases y los instrumentos legales para renovar la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas y que quienes cumplan con ésta reciban beneficios y facilidades administrativas para que puedan ejercer de mejor manera sus actividades económicas y con menos trámites ante las autoridades.

Destacó que bajo este esquema, y como ya lo anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, los dueños de establecimientos tendrán la obligación de inscribirse en un padrón y manifestarán bajo protesta de decir verdad que conocen las leyes, los reglamentos, y actuarán de manera responsable, además de contar con los permisos y requisitos necesarios.

Esto responde al principio de confianza ciudadana que será prioritario en el nuevo gobierno, por eso la ley tendrá un artículo donde se anuncia la suspensión de la vigilancia y la fiscalización a establecimientos mercantiles y de servicios.

El Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México, y ubica al país en el lugar 127 de 137 países, respecto al desvío de fondos públicos; en pagos irregulares ocupa el lugar 105; en confianza del público hacia sus políticos, el 127, y el 129 en cuanto a favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos.

Datos indican que la corrupción tiene un costo muy grande para la sociedad y la economía: el Foro Económico de Competitividad lo estima en un 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); el Banco de México, el Banco Mundial y Forbes, en 9.0 por ciento y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en 10 por ciento.

Con la iniciativa se generan incentivos por estar dentro de la ley y se reconoce a quienes invierten, generan empleos, obtienen ganancias lícitas y se comprometen con el desarrollo de México, al no tener motivos para continuar con esquemas de corrupción.

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