CIUDAD DE MÉXICO, 13ENERO2019- Por sexto día consecutivo, se mantiene el desabasto de combustible en la capital de país. Con filas de automóviles que duran horas y formados para rellenar sus bidones con gasolina capitalinos continúan a la espera de que se restablezca el servicio. La escasez de combustible se ha dado como efecto secundario del plan contra el “huachicoleo” que el gobierno ha emprendido. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

La Comisión de Energía analiza crear un sistema integral de información de permisionarios del sector y llevar un registro de compra y venta, para detectar adquisiciones ilícitas e incluso revocar concesiones.

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados va por reformas a la ley para crear un sistema integral de información de permisionarios del sector y llevar un registro de compra y venta, para detectar adquisiciones ilícitas e incluso revocar concesiones.

La iniciativa que busca reformar las Leyes es de Hidrocarburos, y Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos,  plantea incrementar medidas correctivas para aquellos que hayan actuado ilícitamente por la venta, almacenamiento, transporte o distribución de hidrocarburos de procedencia ilegal, por medio de la revocación inmediata de los permisos y la penalización de su conducta.

Tal sistema deberá integrar, cuando menos, identificación de permisionarios del sector hidrocarburos, registros contables, volumen de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos obtenidos lícitamente para llevar a cabo su actividad, y en el caso de la comercialización, expendio y distribución, el volumen y monto de las ventas, así como personas físicas o morales sancionadas por alguna irregularidad en el desarrollo de su actividad, sea por robo de combustible, evasión de impuestos, falsificación de reportes o venta de litros incompletos.

La secretaria de la comisión de energía, Nayeli Arlen Fernández Cruz  destacó la necesidad de fortalecer la colaboración interinstitucional para generar bases de datos cruzados que permitan a los órganos reguladores del sector hidrocarburos y dependencias con competencia directa en la comercialización y manejo de combustibles, tener acceso a información que ayude a la inspección, vigilancia y supervisión.

Detalla que el combustible robado puede ser vendido directamente a la gente de manera informal o “lavado” al amparo de permisos de “comercialización”, moviéndose para su expedición formal en estaciones de servicio o exportado vía marítima y comercializado en Latinoamérica o Estados Unidos.

Fernández Cruz recordó que el robo de combustible se ha convertido en una importante fuente de ingresos para los grupos criminales, lo que provoca pérdidas millonarias a empresas petroleras que operan en el país y riesgos a la población, contaminación del ambiente y mermas al mercado formal de gasolinas.

Detalló  que la llamada “ordeña”, se realiza mediante perforaciones a los ductos que transportan hidrocarburos, para luego depositar el combustible robado en contenedores que van desde garrafones de plástico hasta pipas, trasladarlo a zonas de resguardo, y distribuirlo como insumo para actividades productivas e, incluso, para su venta a estaciones de expendio al público.

Mencionó que en 2018, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó 10 mil 101 tomas clandestinas en todo el país, encabezan la lista Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Veracruz.

En 2017, las pérdidas de Pemex por robo de combustible ascendieron a los 30 mil millones de pesos, agregó.

Estas reformas permitirán que autoridades encargadas de verificar el correcto actuar de las actividades del sector hidrocarburos, tengan información integral de los permisionarios, y desincentivar el lavado de combustible al amparo de las autorizaciones correspondientes.

“Debemos impulsar el desarrollo de bases de datos certeras que permitan focalizar los esfuerzos institucionales y garantizar el Estado de derecho”, establece.

La iniciativa establece la necesidad de crear un sistema de información en el que participen las secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Fiscalía General de la República.

havh

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