Bulmaro Pacheco

Domingo 26 de mayo de 2019
Fue Venustiano Carranza el primero que utilizó el término “Seguridad Social” en el proyecto de reformas a la Constitución de 1857, en septiembre de 1916. En la Constitución de 1917 y en el artículo 123 solo se habló de “previsión popular”. Fue el presidente Álvaro Obregón quien en 1921 envió al Congreso la iniciativa para crear el “seguro social obrero”. El proyecto se aprobó pero no se promulgó. Plutarco Elías Calles creó en 1925 la Dirección de Pensiones Civiles (antecedente del Issste) y él mismo hablaba, de un Instituto Nacional de Seguros Sociales.
El PNR retomó en 1929 el proyecto del seguro social obrero concebido por Álvaro Obregón y en  septiembre se publicó la fracción XXIX del artículo 123: “se considera de utilidad pública la expedición de la ley  del Seguro Social”. Abelardo Rodríguez sugirió en 1934 elaborar un nuevo anteproyecto de ley del seguro social. Lázaro Cárdenas insistió en el proyecto de seguro social pero al presentarle el proyecto Ignacio García Téllez, le sugirió posponerlo: “La ley es muy buena, beneficia a muchos, pero dos toros puntales (IMSS y expropiación petrolera) en el ruedo no, licenciado” Le dijo, y el proyecto volvió a posponerse.
Finalmente el presidente Ávila Camacho concretó la ley del seguro social publicada en el diario oficial el 19 de enero de 1943: “porque la seguridad social no es un acto de beneficencia y caridad sino un principio humano que eleva el nivel espiritual de quien lo disfruta que ahonda en el hombre el deber de servir mejor a la comunidad que lo permite y lo garantiza”.
El IMSS cumplió 76 años y ha ampliado su cobertura a más de 50 millones de mexicanos. Entre inercias, avances y retrocesos la institución ha avanzado y se ha rezagado. Para algunos presidentes de la República la institución ha sido prioritaria. Para otros no, y el IMSS no ha sido ajeno a los problemas de burocratización y corrupción dada la magnitud de los recursos que maneja y la importancia social de su función.
Entre 1943 y 2019 el IMSS ha tenido 23 directores. Ricardo García Sáinz el de mayor duración (1982-1991) y Germán Martínez Cázares el de más corto tiempo (casi seis meses).
¿Por qué renunció Germán?
El michoacano —expanista convertido al morenismo a partir de la candidatura de López Obrador— no es un improvisado: Dos veces diputado federal (LVII y LIX Legislaturas) panista desde 1988, representante en dos ocasiones del PAN ante el IFE, secretario de la Función Pública en el gobierno de Felipe Calderón y dirigente nacional del PAN de 2007 a 2009, a la salida de Manuel Espino —cargo al que también renunció por los malos resultados obtenidos en la elección del 2009—(“Siempre he tratado de guiar mi vida por convicciones. No soy lambiscón ni barbero de nadie”). Fue también director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, campus Condesa, entre 2011 y 2014.  Renunció al PAN y fue postulado candidato al Senado por Morena, en 2018. Ejerció como legislador por unos meses antes de ser nombrado director del IMSS (diciembre del 2018), hasta el 21 de mayo cuando renunció al cargo.
La crisis de cinco meses que expone Germán Martínez en un documento de 10 cuartillas, no tiene desperdicio. No solo por la buena redacción, sino  porque sintetiza muy bien la política subyacente de los problemas a los que se enfrenta el gobierno lopezobradorista, y que en la mayoría han sido negados o desconocidos, mientras en la realidad de los estados, municipios e instituciones del sector público —sobre todo las de Salud— los resienten y observan con mayor impacto.
Los problemas del IMSS no son de ahora. El instituto ya traía sus problemas desde antes. La última reforma experimentada por el IMSS fue promovida por el presidente Ernesto Zedillo en 1997. La institución se oxigenó con nuevos recursos y con nuevos programas y a la vez se emprendieron proyectos de calidad administrativa en sus diferentes servicios. Pero el éxito de la reforma fue muy corto, porque los gobiernos que siguieron dejaron a la deriva a la institución. Siguieron creciendo los pensionados y disminuyendo los cotizantes, así como la esperanza de vida al nacer de los mexicanos, que llegó cerca de los 80 años, igual que el incremento de las enfermedades crónico degenerativas, como la diabetes, el cáncer y los problemas cardíacos, que han encarecido notablemente los costos de la atención médica. Ello ha influido drásticamente en los tiempos de espera para consultas y cirugías y el abasto de los medicamentos necesarios para tratar las nuevas enfermedades. La verdadera crisis del IMSS.
Vicente Fox trató de incorporar gratuitamente a más de 10 millones de discapacitados al IMSS. Frenó su proyecto cuando fue informado del costo económico que hubiera significado agregarle millones de derechohabientes atendidos gratuitamente al IMSS.
Otros gobiernos le dieron prioridad al Seguro Popular y no le entraron de fondo a las necesarias reformas administrativas de las grandes instituciones nacionales y estatales de seguridad social que, sumadas al Seguro Popular, cubren entre todas en 2019 a 102.8 millones de mexicanos (Inegi).
El presidente López Obrador está mal informado cuando critica que éste, “no era ni seguro, ni popular”. Su creador Juan Ramón de la Fuente, hoy embajador de México en la ONU, pudiera ampliarle la explicación.
¿Qué dijo Germán Martínez? “Que algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde por ejemplo, pretende reformar el reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la secretaría de hacienda y así anular a los delegados que éste Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar en todo el país una suerte de “delegados administrativos estatales” fuera de este consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”.  Y en el fondo una mayor centralización administrativa.
Al respecto, la reformada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en el artículo 17 Bis: “Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente podrán contar con oficinas de representación en las entidades federativas (ya no delegaciones) o, en su caso en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos ,dichas oficinas se coordinarán con las delegaciones de Programas para el Desarrollo”.
Artículo 17 TER: “El Poder Ejecutivo federal contará en las entidades federativas con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo (Superdelegados) que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de conformidad con los lineamientos que emitan la secretaria de Bienestar y la Coordinación General de programas para el Desarrollo”. (Centralización y control político regional).
Una delegación estatal del IMSS no puede tratarse como las que dependen directamente del Ejecutivo, porque en su calidad de organismo descentralizado, como lo establece el artículo 5 de la LSS (“Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios de integración operativa tripartita razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo”), el IMSS cuenta con sus propios órganos de gobierno (Consejo Técnico Tripartita) y eso lo hace autónomo en relación a las decisiones de la administración pública central como sucede con el Infonavit y otras dependencias federales descentralizadas.
Otra afirmación del ex director del IMSS que encendió los focos rojos, aunque era de todos sabida y ya del dominio público: “Que en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores, los contratos y convenios de servicios se rezagan y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentando si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo”.
Desde 1943, en el caso del IMSS, y desde 1959 en el caso del ISSSTE, La seguridad social en México cumple varias funciones vitales en razón de la cobertura y acción en beneficio de la población más necesitada: Contribuye a la estabilidad social y política, redistribuye el ingreso, evita que mucha gente sea rehén de la miseria y las enfermedades, combate la desigualdad social, fortalece la salud pública a través de acciones preventivas y curativas, y representa un esquema de protección social único en su género en el mundo.
Para sustituir a Germán Martínez llega Zoé Robledo, sobrino nieto de Edgar Robledo Santiago, exdirector del Issste y exdirigente nacional del SNTE y la FSTSE–, e hijo del exgobernador de Chiapas y exsecretario de la Reforma Agraria Eduardo Robledo. Zoé ha ganado elecciones, ha sido legislador y subsecretario de gobernación y goza de la confianza del presidente de la República, que no ha dudado en ponderar sus cualidades —que las tiene—. Pero el IMSS es el IMSS desde su fundación, y más allá de colores partidistas, urge su fortalecimiento y que ahora sí, sea prioridad presidencial por sus permanentes crisis y por toda la gente que espera soluciones y atención con un mayor apoyo y una mejor administración, Porque si al IMSS le va mal, a México le irá peor…

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